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ESCRITOS
| Autor: Eduardo Videla Pagina 12 |
| COSTURA SIN CADENAS |
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Domingo, 4 de abril de 2010
COOPERATIVAS DE ARGENTINA Y TAILANDIA LANZAN UNA MARCA DE ROPA CONTRA EL TRABAJO ESCLAVO
Costuras sin cadenas
La marca no-chains será lanzada el 4 de junio, en simultáneo, en Buenos Aires y Bangkok. Las prendas, producidas por las cooperativas La Alameda y Dignity Returns, se venderán en todo el mundo, para promover el trabajo en condiciones dignas.
Por Eduardo Videla
En Bangkok y en Buenos Aires transcurren dos historias paralelas. En la capital tailandesa, trabajadores de una empresa textil se organizaron para recuperar la empresa en la que trabajaban, tras su cierre, y constituyeron una cooperativa de costureros. Aquí, inmigrantes que eran explotados en talleres de costura clandestinos se asociaron y crearon su propios productos. Ambos emprendimientos –a diferencia de otras líneas que corren en igual sentido– se cruzaron para elaborar una propuesta común: la creación de una marca global de prendas de vestir que simbolice la lucha contra el trabajo esclavo, tanto en el sudeste asiático como en Sudamérica. La marca se llama no-chains –en inglés, sin cadenas– y será lanzada al mercado en forma simultánea el 4 de junio próximo. La primera producción será de remeras, estampadas con motivos que fueron el resultado de un concurso internacional de diseño organizado por el emprendimiento conjunto de ambas cooperativas.
La inédita alianza entre dos grupos de trabajadores con idiomas, costumbres y creencias distintos pero con un mismo objetivo comenzó a gestarse hace poco más de un año, durante un encuentro entre organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos del sudeste asiático, al que fueron invitados representantes de la cooperativa argentina.
Las protagonistas de la historia son la cooperativa Dignity Returns (la dignidad regresa), fundada en Bangkok a raíz del cierre de una fábrica de indumentaria en 2003, y la cooperativa 20 de Diciembre-La Alameda, surgida en Buenos Aires a partir de la crisis de 2001. Las dos organizaciones confluyeron, hace un año, en un encuentro convocado por el Centro de Monitoreo de Recursos Laborales, una ONG con sede en Hong Kong que nuclea a organizaciones de 17 países del sudeste asiático y que promueve lo que en esa región se entiende como “trabajo decente”.
“El diciembre de 2008 conocimos a la gente de La Alameda en un encuentro en Lima, Perú, y pensamos que sería muy importante el aporte de su experiencia en el encuentro que teníamos previsto para marzo de 2009 en Bangkok. Allí fue donde se conocieron con la gente de Dignity Returns y se pusieron de acuerdo para lanzar una marca global”, dice desde Hong Kong a Página/12 Doris Lee, coordinadora de programas de poblaciones del Centro de Monitoreo.
Con el acuerdo, las dos organizaciones dieron el primer paso para crear una “red global de trabajadores costureros”. “El objetivo, más que obtener una ganancia, es que se globalice la lucha contra el trabajo esclavo, crear conciencia entre los consumidores y los trabajadores”, dijo a este diario Gustavo Vera, presidente de la cooperativa La Alameda y uno de los promotores de la marca global.
Desde Bangkok, Andrew Little, vocero de la cooperativa Dignity Returns, dijo a Página/12 que aspira a que el lanzamiento de la marca global sirva para “hacer visible internacionalmente el modelo de organización en cooperativas y crear conciencia acerca de las luchas de los trabajadores”.
Así, la alianza que dio forma a la marca no-chains pretende ser el punto de partida para que se sumen cooperativas de trabajo de otros países. “A partir de que se conozca la marca, vamos a recibir pedidos de cooperativas de otros países para integrarse a la red global. Después de un período de estudio, para comprobar que se ajustan a las reglas del trabajo limpio, se van a incorporar”, explicó Vera.
El lanzamiento de la marca global está previsto para el 4 de junio, en forma simultánea, a las 11 de la mañana en el local de La Alameda, en Buenos Aires, a las 21 en la sede de Dignity Returns, en Bangkok. La idea es que los dos actos estén comunicados entre sí mediante una videoconferencia.
A partir de ese día estará en venta la primera serie de remeras de no-chains, la nueva marca, en locales de comercio justo de distintas ciudades del mundo. “Va a haber un precio especial para sindicatos y organizaciones”, dice Vera. El titular de la cooperativa argentina aclara que el fin del emprendimiento no es comercial y que las ganancias obtenidas se van a repartir en partes iguales entre los dos talleres, pese a que en Buenos Aires los costos de producción son el triple que en Bangkok.
Cada prenda tendrá un costo que oscila entre los 12 y los 15 dólares (unos 50 pesos argentinos, en promedio), dice Tamara Rosenberg, la responsable de ventas para Argentina y América. Cada cooperativa lo va a vender en sus puntos de distribución (en Buenos Aires, en el local de Bonpland 1660, en Palermo, y en la sede de La Alameda, en Directorio y Lacarra, Parque Avellaneda) pero además se distribuirán por correo los pedidos que se hagan a través de su sitio web, www.nochains.org, a organizaciones de cualquier ciudad del mundo interesadas en comercializar el producto, previo pago electrónico o mediante el sistema de consignación. Como capital inicial, el emprendimiento contó con un subsidio de la Fundación Avina.
Las dos organizaciones que lanzan la marca global se parecen pero nacieron en realidades bien diferentes. Los fundadores de Dignity Report son ex trabajadores de la firma Bed and Bath, que fabricaba indumentaria para exportación, contratada por multinacionales como Nike, Adidas y Umbro. Aunque sus contratos estaban formalizados, se desempeñaban bajo un régimen de extensas jornadas laborales y hasta “les suministraban drogas para permanecer despiertos”, según cuenta el sitio de la cooperativa. Cuando la fábrica cerró, en 2003, fueron despedidos sin indemnización. Después de varias semanas de conflicto, y de acampar frente al Ministerio de Trabajo tailandés, consiguieron que el gobierno les diera facilidades para comprar máquinas industriales de costura y conformaron la cooperativa Solidarity Factory. Esa organización, integrada hoy por 16 trabajadores –en su mayoría mujeres–, tomó el nombre de Dignity Returns, la marca de las prendas que producían.
La Alameda, en cambio, surgió como comedor comunitario, en medio de la crisis de diciembre de 2001. A ese comedor comenzaron a asistir ciudadanos bolivianos, muchos de ellos inmigrantes ilegales que vivían en los propios talleres de costura donde trabajaban. Los trabajadores que lograban escapar de esa situación –muchos de ellos vivían en situación de semiesclavitud, con sus documentos retenidos por los talleristas y siempre con deudas pendientes con sus patrones por el traslado desde Bolivia– conformaron la cooperativa de costureros 20 de Diciembre (ver aparte).
El encuentro de marzo de 2009 entre organizaciones sociales, sindicatos de Corea, Filipinas, Indonesia y Tailandia se realizó en el marco de la crisis global que afectó a la economía, y que tuvo como consecuencia la pérdida de fuentes de trabajo en todo el mundo. “Pensamos que podíamos aprender de la experiencia de países como Argentina, donde los trabajadores recurrieron a la creación de cooperativas de trabajo y se organizaron para luchar contra el trabajo esclavo”, dijo Doris Lee, que nació en Corea del Sur pero vive en Hong Kong.
Las dos cooperativas, que tienen productos y marcas propios, iban a confeccionar en principio los mismos modelos que hacen actualmente. “Pero decidimos llamar a un concurso internacional de nuevos diseños –comentó Gustavo Vera–. Los seis ganadores fueron elegidos por el voto de los integrantes de las dos cooperativas: fueron elegidos dos trabajos de la Argentina, uno de Corea del Sur, uno de Indonesia, otro de Estados Unidos y el restante, de Hong Kong”, agregó. Los ganadores recibirán como premio el estampado del diseño que realizaron en los nuevos modelos y una cantidad de remeras.
Las historias paralelas de las dos cooperativas no sólo se cruzaron en el emprendimiento de la marca global. “También hubo muestras de solidaridad ante las luchas y las dificultades que cada uno afrontó en su país”, contó Gustavo Vera. Así, recordó la ocasión en que trabajadores de Tailandia fueron a manifestar ante la embajada argentina en Bangkok cuando los costureros de La Alameda fueron agredidos por una patota de talleristas en Buenos Aires, en julio del año pasado. Y la movilización de costureros argentinos y bolivianos aquí, frente a la embajada de Tailandia, en solidaridad con los trabajadores despedidos de la multinacional de lencería The Triumph, en Bangkok. Es que, pese a la distancia y a las diferencias culturales, el mundo del trabajo en ambos países tiene puntos en común: la utilización de migrantes ilegales a los que se contrata por la mitad del salario de un trabajador local, en empresas que trabajan para grandes marcas de indumentaria.
El tejido de la sociedad entre costureros de dos mundos, desde la propuesta inicial hasta el lanzamiento del producto, llevó poco más de un año. Los protagonistas, en el acto de presentación, hablarán en lenguas muy distintas, el tai y el castellano, pasando por la obligada mediación del inglés. Sin embargo, todos dicen tener un idioma en común, que es la meta de trabajar con dignidad.
Historias paralelas
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Por Eduardo Videla
El sudeste asiático es una de las regiones donde la crisis económica de 2008-2009 golpeó más fuerte, con un alto número de desempleados. A la vez, hay un alto número de trabajadores precarizados, sobre todo los migrantes, que perciben menores salarios que los trabajadores locales. El nivel de sindicalización de los operarios es muy bajo y en la mayoría de los casos los sindicatos están organizados por empresas –salvo en Corea del Sur, donde se han formado gremios por actividad–, lo que les da menor fuerza a la hora de defender sus derechos. Casi ninguno de estos sindicatos defiende a los cuentapropistas y a los inmigrantes.
Como muestra de la estrategias de las empresas ante la crisis, Doris Lee, coordinadora del Centro de Recursos Laborales, una ONG con sede en Hong Kong, relata el caso de la firma The Triumph, dedicada a la elaboración de lencería. Como la mayoría de las multinacionales, esta empresa de origen alemán y capitales suizos se radicó en Tailandia, donde elabora sus productos con costos notablemente bajos.
“Allí, el año pasado la empresa despidió a 2000 trabajadores, incluidos sus principales representantes sindicales, lo que dio pie a un prolongado conflicto”, relata Lee.
La empresa fundamentó la reducción de personal en la crisis y la disminución de las ventas. “Pero después de la intervención del gobierno decidió abrir una planta en otro lugar del mismo país, donde no había organización sindical, lo cual deja en claro la intención de desarmar la organización gremial”, agregó la dirigente de la ONG a Página/12.
Después de acampar durante meses frente al Ministerio de Trabajo, un grupo de despedidos resolvió conformar una cooperativa de trabajo con su propia marca. “Le pusieron Try arm, que tiene una fonética parecida a Triumph”, relató Lee.
En Tailandia se da un fenómeno similar al que se produce en Argentina con los inmigrantes bolivianos que llegan a trabajar en condiciones de precariedad. Allí, son los inmigrantes de la vecina Birmania los que llegan al país, aunque en calidad de refugiados.
Muchas fábricas cerraron desde que comenzó la crisis, en septiembre de 2008, y otras manifestaron una tendencia a bajar los costos despidiendo a trabajadores contratados o pasando los permanente a contratados. Otras empresas optaron por mudarse a países como Filipinas, donde los derechos laborales son menos controlados por el Estado.
Los datos se desprenden del informe elaborado por los representantes de la cooperativa La Alameda –los únicos latinoamericanos–, que participaron en marzo de 2009 en la conferencia organizada por el Centro de Recursos Laborales en Bangkok, en la que participaron sindicatos y ONG de la región. Allí se debatió sobre las consecuencias de la crisis, la situación del movimiento obrero asiático y las tácticas y estrategias para enfrentar la crisis.
Participaron delegaciones de 16 países asiáticos (Malasia, Indonesia, Filipinas, Camboya, Vietnam, Corea del Norte, Hong Kong, China, India, Tailandia, Nepal, Laos, Sri Lanka, Taiwán, Pakistán y Japón) y de la Argentina, cuyos representante relataron la experiencia de fábricas recuperadas y asambleas después de la crisis de 2001.
Los delegados coincidieron en que “desde 1995 se viene produciendo una caída del salario respecto del PBI, y en que los gobiernos se han ocupado más de la regulación de los mercados financieros que estallaron que del sistema laboral, donde cada vez hay más excluidos”, sintetizó Gustavo Vera, de la Alameda, participante en aquel encuentro.
Los diseños ganadores
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Los diseños para los estampados de la marca no-chains fueron el resultado de un concurso organizado por las dos cooperativas desde su sitio web. Presentaron sus propuestas más de veinte participantes y los ganadores fueron elegidos por votación de los miembros de las dos cooperativas. El ganador fue Juyoung Park, de Corea del Sur. En segundo lugar resultó elegido el trabajo de Yan Yan Chan, de Hong Kong (el niño al que le extraen cadenas de su cerebro con dos palitos, que ilustra estas páginas).
En tercer lugar quedó el diseño elaborado por Muhamad Yusuf (Setu Lagi), de Indonesia. El cuarto más votado fue el trabajo de una argentina, Mabel Velázquez (arriba, en estas páginas), y en el quinto lugar se ubicó el diseño de otro argentino, Gastón Fernández (los grillos con la leyenda aequitas, equidad en latín).
En sexto lugar quedó el trabajo de Vassil T. Vassilev, un ciudadano búlgaro residente en San Francisco, Estados Unidos (autor de las figuras formadas por alicates).
SOCIEDAD › LA COOPERATIVA LA ALAMEDA
Cómo se organizó
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La cooperativa La Alameda no comenzó como un emprendimiento textil sino como un comedor comunitario, en diciembre de 2001. Fue consecuencia directa de las luchas surgidas en los últimos días del gobierno de De la Rúa y la conformación de asambleas populares. En Parque Avellaneda, militantes y vecinos ocuparon el local abandonado del viejo bar La Alameda y crearon un comedor.
Allí llegaban mayoritariamente trabajadores bolivianos de talleres de costura del barrio. Venían con sus hijos y denunciaban que en muchos casos habían sido traídos desde Bolivia con engaños, que eran sometidos a extensas jornadas laborales de hasta 18 horas y debían vivir hacinados en los mismos lugares donde trabajaban.
Comenzó entonces un trabajo de denuncias, junto a la Defensoría del Pueblo, de los talleres que funcionaban en forma clandestina explotando inmigrantes ilegales. Algunos de los trabajadores que lograron ser rescatados de esas condiciones integraron la Cooperativa 20 de Diciembre, que creó su propia marca de ropa, Mundo Alameda. Las denuncias terminaron en varias causas judiciales, en las que se acusa a los talleristas de reducción a la servidumbre e incumplimiento de la ley de migraciones. También se acusó a las marcas, responsables por haber derivado trabajos a talleres clandestinos.
En una de esas causas, fueron incautadas máquinas de costura usadas por un taller ilegal. Por orden judicial, esas máquinas fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que en asociación con el Gobierno de la Ciudad y La Alameda creó el primer polo de confección de indumentaria libre de trabajo esclavo, que funciona en Barracas.
Desde La Alameda también se constituyó la Unión de Trabajadores Costureros, organización gremial que representa a los trabajadores formalizados en talleres de costura. Pretende capitalizar el descontento de los trabajadores hoy representados por el Sindicato de Obreros del Vestido (Soiva), cuyos salarios están entre los más bajos.
Desde 2008, La Alameda participó en denuncias de casos de trata de personas para explotación sexual y trabajo infantil en granjas del Gran Buenos Aires y chacras de Mendoza.
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| Autor: revista 23 |
| los cazaexplotadores |
| Publicado en la última edición de la revista 23
Veintitres
La Alameda
Los cazaexplotadores
Antiesclavistas. Denuncian la explotación en los talleres clandestinos.
12-03-2009 / Es una cooperativa que combate el trabajo esclavo. Surgió como asamblea popular en 2001 y se convirtió en un centro comunitario que denuncia la servidumbre en talleres textiles, la explotación infantil en zonas rurales y la trata de blancas en los prostíbulos porteños.
Por Tomás Eliaschev
Todo comenzó mientras resonaba fuerte el sonido de las cacerolas. No las de teflón del año pasado, sino las que habían estallado en diciembre del 2001. Como tantos otros, un grupo de vecinos se comenzó a reunir en Lacarra y Directorio, en Parque Avellaneda. Dieron sus primeros pasos como asamblea barrial y terminaron poniendo en jaque a importantes empresas que utilizan mano de obra esclava, como en estos días hacen con la firma Kosiuko. Una olla popular fue el primer fuego que encendieron. Recuperaron una antigua pizzería abandonada, llamada La Alameda, ubicada frente a la esquina donde se juntaban. De ahí tomaron el nombre. Luego de resistir desalojos, transformaron el edificio derruido en un centro comunitario. Empezaron a nuclear a familias bolivianas que acudían desesperadas con una historia recurrente: habían caído bajo las garras de talleres textiles clandestinos que producen para grandes marcas, con jornadas de hasta 20 horas diarias, en muchos casos sin poder salir nunca y durmiendo hacinados en el mismo lugar.
Liderados por el docente Gustavo Vera, los asambleístas comenzaron con una tarea de denuncia y organización. Además de un comedor comunitario y de talleres educativos, se propusieron acabar con el trabajo esclavo del que se aprovechan algunas empresas, al tiempo que armaban la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre para hacer su propia producción.
En el segundo piso de la sede de La Alameda una docena de personas trabaja, mientras suena una FM de la colectividad boliviana. “Estamos haciendo remeras para un encargo, pero también tenemos nuestra marca, Mundo Alameda”, cuenta orgullosa Mónica Frías a Veintitrés. Esta paceña de 40 años sufrió en carne propia la explotación más extrema. Sentada frente a una máquina overlock que La Alameda consiguió por el Plan Manos a la Obra, cuenta su historia. “Trabajaba junto a mi marido en un taller que producía para las marcas Lacar, Montagne y Rusty. La jornada comenzaba a las 7 de la mañana y terminábamos a la 1 de la mañana. Sacábamos 500 pesos por mes. Nos tenían bajo llave, encerrados. A mis niños no los dejaban ni salir al patio ni llevarlos al médico, hasta que el patrón nos rajó porque protestábamos y se quedó con nuestros documentos. Durante medio año trabajamos gratis para pagarle lo que había puesto para que viniéramos de Bolivia.”
Con el tiempo, Frías pudo conocer otra realidad. “En ese momento no teníamos posibilidad de saber, pero luego supe que las camperas por las que nos pagaban un peso cincuenta las vendían a 300 pesos. ¡Tanto tiempo trabajando sin saber la diferencia que le sacaban a cada prenda!”, recuerda Mónica todavía indignada.
Las cosas mejoraron para Frías y su familia. “Me acerqué con mis hijos a La Alameda por el comedor y terminé trabajando en el taller de costura. Esto es un cambio total, cobramos ocho pesos por hora y trabajamos ocho horas diarias cinco días a la semana; si hay mucho trabajo, medio día del sábado. Trabajamos como se debe trabajar y ganamos lo que debemos ganar. Y luchamos para que no haya más trabajo esclavo.”
Su compañera, Olga Cruz, es oriunda de Sucre, en donde llegó a ser dirigente de las empleadas domésticas. Cuando vino a la Argentina, le quedó la conciencia de la importancia de organizarse. Ella no sufrió la explotación en talleres clandestinos de costura, pero si como verdulera o trabajando en limpieza. Fue de las precursoras en el emprendimiento productivo de La Alameda y está orgullosa de la lucha. Cuenta que la policía los desalojó, que finalmente recuperaron el edificio y están a la espera de la expropiación definitiva. Mientras tanto, la sede fue reciclada a fines del año pasado, cobrando aún más vida. En palabras de Cruz, lo que los motiva es “hacer entender a los inmigrantes que tenemos los mismos derechos que cualquier argentino”.
Néstor Escudero, uno de los referentes de la asamblea, comenta que en estos días se encuentran abocados a denunciar “que la marca Kosiuko sigue utilizando trabajo esclavo (ver recuadro), así como la explotación que sufren niños en Mendoza en la producción de ajo y en todo el campo en general”.
Antes de entrar en La Alameda, Escudero era empleado de limpieza en una fábrica. Ahora trabaja de cortador en la cooperativa de la organización. “La industria textil, valga la paradoja, tiene mucha tela para cortar: el 70 por ciento de los trabajadores está en la informalidad. La explotación extrema es estructural. Grandes marcas como Soho, Cheeky y Awada, entre muchas otras, utilizan mano de obra que está en las peores condiciones”, explica, para luego agregar que fundaron la Unión de Trabajadores Costureros para pelear contra esta realidad.
Entre las 81 marcas denunciadas por La Alameda figuran, además de las ya mencionadas, otras firmas conocidas: Graciela Naum, PortSaid, Coco Rayado, Akiabara, Normandie, Claudia Larreta, Mimo, Adidas, Puma, Topper, Kill, Yagmour, Ona Saez, Duffour, Chocolate, 47 Street, Bensimon y Le Coq Sportif.
La Alameda se ha transformado en una suerte de fiscalía del pueblo, comentan sus militantes. A raíz de la actividad de denuncia que realizan desde hace unos años contra las marcas de ropa que explotan inmigrantes, les fueron llegando más historias sobre personas reducidas a condiciones de servidumbre en otras ramas de la economía. De esta manera establecieron una fuerte alianza con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, una organización que nuclea a cartoneros.
“Cuando en marzo de 2006 se incendió un taller clandestino en Caballito y murieron seis personas, muchos empezaron a ver que teníamos razón”, recuerda Escudero, y se lamenta porque los sobrevivientes y familiares de las víctimas no recibieron ninguna indemnización. “En un origen, nos concentramos en el rubro textil, pero nos dimos cuenta de que hay mecanismos similares que se usan en la trata de personas para la explotación sexual.” Eso devino en una nueva oleada de escraches contra cabarets donde chicas menores estaban presas de las redes de la trata. En esos centros de oferta de prostitución, según denunciaron los vecinos, operan también narcos. “Estos lugares se encuentran en las inmediaciones del Departamento Central de la Policía Federal. Existe connivencia entre los proxenetas y la policía”, afirma Escudero, quien detalla que se articularon con madres que buscan rescatar a sus hijas de las redes de trata.
Para afinar la puntería en la actividad de denuncia, la asamblea decidió formar la Fundación Alameda, a la cual se sumaron especialistas en derecho, como el abogado Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, e inclusive ex funcionarios municipales de los gobiernos de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. “Combinamos herramientas jurídicas, gremiales y periodísticas para darles más sustento a nuestras denuncias”, relata Escudero. El equipo, que es intermitente y que está formado también por costureros rescatados de los talleres clandestinos, realiza una tarea de investigación que incluye la utilización de cámaras ocultas.
Las múltiples acusaciones realizadas por La Alameda en la Justicia y en los medios trajeron sus consecuencias. “Hemos sufrido varios ataques por parte de los dueños de los talleres clandestinos. En una oportunidad aprovecharon que estábamos escrachando whiskerías donde hay menores y quisieron quemar el centro comunitario, mientras los policías de la comisaría 40, a los que denunciamos por cohecho, liberaban la zona.” Sin embargo, los ataques no los paralizan: “Al miedo le oponemos la participación. La queja debe ser activa. Existen dos sistemas: el de la ley, que respetamos los ciudadanos, y el de la trampa, la servidumbre y el fraude, que es en el que se manejan los dueños de las empresas que basan sus ganancias en el trabajo esclavo. No es exagerado hablar de esclavitud, reducen a la gente a la servidumbre con formas de otra época y eso es una fuente de ingresos para muchos capitalistas. Nosotros queremos golpear al segundo sistema”, declama Escudero.
Al calor de la pelea entre las patronales del campo y el gobierno nacional a raíz de las retenciones móviles, La Alameda abrió un nuevo frente: “Ninguno de los dos sectores que se enfrentan se hace cargo de la explotación infantil que hay en el campo. El año pasado un grupo de vecinos de Pilar nos trajo toda la información sobre la explotación que sufren niños en las granjas avícolas, como en una que se llama Nuestra Huella, donde los chicos trabajaban sin ninguna protección, pisando guano descalzos, sufriendo enfermedades porque preparaban los venenos, con cuadros alérgicos graves. Tomamos el caso y lo hicimos público. A raíz de esto, se logró que blanquearan a los adultos y que dejen de trabajar los chicos”, cuenta Escudero.
En esa línea, se contactaron con los trabajadores ajeros de Mendoza. “Los dueños de empresas como Campo Grande hacen trabajar a todo el grupo familiar en condiciones pésimas, generalmente se aprovechan de los inmigrantes.” Una situación similar, agrega Escudero, se produce en fincas que producen fruta en la provincia de Buenos Aires.
“En la discusión entre el campo y el Gobierno no se puede obviar el tema del trabajo infantil”, reclama el asambleísta, algo que por ahora parece estar fuera de la agenda en las polémicas sobre la política agraria estatal.
El camino que tienen por delante en La Alameda no es sencillo. Eligieron comenzar por el eslabón más débil, el de los más explotados, los trabajadores esclavizados. A casi doscientos años de que la Asamblea de 1813 aboliera la esclavitud, la tarea que les espera es titánica. El mismo Estado admite que el 40 por ciento de los asalariados no están regularizados y no parece haber en ninguna de las fuerzas políticas con posibilidades de gobernar un proyecto serio para revertir la situación. Los integrantes de la asamblea saben que la informalidad es un caldo de cultivo para que patrones inescrupulosos se aprovechen de las necesidades de trabajadores y los esclavicen. Y prometen seguir con las denuncias y con su trabajo comunitario, en oposición a la voracidad de quienes quieren enriquecerse a costa de la sangre, sudor y lágrimas de sus empleados.
Más información http://laalameda.wordpress.com o http://www.mundoalameda.com.ar/
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| Autor: Gustavo Vera |
| Estructura de Costos en la Industria de la Indumentaria.LA LOGICA ECONÒMICA DEL TRABAJO ESCLAVO |
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Que los arboles no tapen el bosque:
La lucha de la Uniòn de Trabajadores Costureros y la Alameda develó crudamente el sistema esclavista de producción que se oculta trás las grandes marcas que inundan los shoopings. La trata de personas; la industria de los traficantes con sus medios de comunicación y transporte, con sus baqueanos y cómplices; el sistema de cohecho de funcionarios estatales y policiales; el incumplimiento sistematico de la ley de migraciones y de la 12.713 (trabajo a domicilio); las epidemias de tuberculosis y anemia son algunas de las tantas calamidades derivadas del sistema esclavista de producción. Sin embargo, las aristas mencionadas no son más que efectos colaterales de un sistema subordinado a garantizarle a las grandes marcas ganancias extraordinarias. En la estructura de costos de la industria de la indumentaria está causa escencial que condena a los talleres a la precarización y a la esclavitud. Durante los últimos dos años se han develado innumerable cantidad de ejemplos que grafican la perversión de esa estructura. Pudimos advertir como una campera termosellada de Montagne que se vende en los comercios a más de $ 300, al taller se le pagaba $ 15 y al costurero que la confeccionaba apenas $1,50; como las remeras de Cheeky o Soho se venden en los shoopings a $ 40 mientras los talleres reciben apenas $ 1 y los costureros entre $ 0,60 y $ 0,30 centavos. La lista de ejemplos es interminable en todas y cada una de las 85 marcas ya denunciadas en la justicia federal. A modo de promedio, por cada prenda que se vende en los comercios a $ 124 , lo que recibe el taller son apenas $ 4 y , obviamente, los costureros mucho menos.
Barriendo prejuicios:
Dos grandes prejuicios populares inculcados por los medios de comunicación (financiados por la publicidad de las mismas marcas que se benefician con el trabajo esclavo) fueron derrumbados en el camino de la lucha contra la esclavitud.
El primero, es el que asociaba a los talleres clandestinos exclusivamente con el mercado de la ropa trucha y la falsificación de marcas. Hoy sabemos que los principales beneficiarios de los talleres clandestinos y el trabajo esclavo son las grandes marcas y muy secundariamente el mercado de la ropa trucha. También sabemos que ese prejucio era alimentado por las marcas para desviar la atención y de paso barrer con la «competencia desleal», manteniendo intacto los talleres truchos en los que ellos confeccionan sus prendas.
El segundo de los prejuicios era el que asociaba el blanqueo de los costureros de los talleres clandestinos a un aumento de los precios de la indumentaria, lo cual a su turno afectaría al bolsillo de toda la población por el traslado de los costos de la regularización. Hoy sabemos cuán obscenos son los margenes de ganancia de los fabricantes y las marcas al interior de la estructura de costos y que no es necesario aumentar los precios finales de las prendas, sino apenas redistribuir equitativamente los costos favoreciendo precios justos para los talleres a fin de que les permitan sostener su local habilitado y a los costureros bajo convenio.
Sin modificar los costos, no hay salida:
Con la actual estructura de costos no hay salida para los talleres de confección. Aún en el caso que hubiese políticas públicas para facilitar las habilitaciones, incrementar la eficacia de las inspecciones, combatir la trata y el tráfico y desmantelar las redes de cohecho, de cualquier modo, con las migajas que pagan las marcas para confeccionar sus prendas condenan a los talleres a una precarización forzoza que es la antesala del trabajo esclavo. No basta con atacar los efectos colaterales, sinose avanza sobre el problema central que hace insustentable a los talleres en blanco.
Las fábricas habilitadas que trabajan para las marcas se han convertido en el actual esquema en simples intermediarios entre los fabricantes y los talleres clandestinos donde tercerizan gran parte de su producción. Ofician de pantallas que ocultan trás de si el trabajo esclavo. Para abaratar costos han reducido su dotación de personal al mínimo e incluso incurren sistemáticamente en el fraude laboral (no pagando extras, pagando a todo el plantel la categoría más baja, escamoteando derechos del convenio vinculados a higiene y seguridad, etc) y en la negación de los derechos gremiales (negativa a reconocer delegados, persecusión cuando estos existen y defienden a los costureros,etc). La pregunta el millón es por qué las marcas con su lógica de rapiña no se relacionan directamente con los talleres clandestinos sin intermediarios para aumentar aún más sus ganancias. Y la respuesta es simple: porque esas fábricas registradas, con su personal bajo convenio les sirven de coartada ante cada denuncia o inspección para ocultar sus talleres clandestinos.
Los talleres a domicio habilitados atraviesan una profunda crisis económica porque no pueden sostener sus costos ante la competencia con los talleres clandestinos. Algunos de ellos han declarado con identidad reservada en la megacausa contra el trabajo esclavo, que las marcas los utilizan también de coartada ante posibles inspecciones, pero que cuando pasa el peligro vuelven a ser marginados o son intimados a aceptar costos inviables. En algunos casos han tenido que degradar las condiciones de trabajo de los costureros manteniendo una estructura semilegal y semiclandestina para poder seguir recibiendo cortes.
El hilo no se debe cortar por lo más delgado:
Los grandes medios de comunicación, los cuerpos de inspectores del Estado y los jueces ponen el acento en las espantosas condiciones en que trabajan los costureros en los talleres clandestinos y ahì se quedan, sin advertir lo más importante. Salvo honrosas excepciones como los casos de la Defensoria del Pueblo, el Inti y la Subsecretaria de Trabajo porteña que fueron más lejos, llegando a poner en acento en la cùspide de la cadena de valor. En la causa de Luis Viale son los talleristas los únicos procesados, lo mismo que en la magacausa del trabajo esclavo. Hay una lógica clasista burguesa en el sistema que encubre y protege a las grandes marcas y a los fabricantes y hace responsable de todos los males a los dueños de los talleres clandestinos. Indudablemente no se puede justificar el tráfico, la trata y la reducción a la servidumbre de los trabajadores y nadie puede oponerse a los procesamientos de los talleristas que realizan estas prácticas. Sin embargo, al dejar impune a las marcas y los fabricantes, al no tocar la estructura de costos, el sistema se recicla una y otra vez. Las marcas fijan los precios y buscan talleres que acepten trabajar en esas condiciones indignas.
La lógica clasista del sistema queda evidenciada en la omisión deliberada de la ley de trabajo a domicilio (12.713) que hace responsables a las marcas por las condiciones de trabajo que se desarrollan en los talleres que son proovedores de las mismas. En los fallos judiciales de Oyarbide se procesa a talleristas por figuras del código penal y la ley de migraciones, pero se omite la ley de trabajo a domicilio como si no existiera. De hecho, llamativamente esa ley esta excluida de las últimas ediciones de textos sobre derecho penal, pese a que tiene tipos penales claramente establecidos. Mientras tanto, las grandes marcas a través de laFundación Pro Tejer y la Cámara de la Indumentaria, hacen loobie tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Congreso para que se derogue esa ley y para que los fabricantes no tengan ninguna reponsabilidad por los talleres. Pese a la difusión masiva que tuvo la denuncia a las marcas que usan trabajo esclavo y hacen evasiones millonarias, ni la AFIP, ni Guillermo Moreno, ni nadie del Ministerio de Economía se dieron por enterados. Ante los escándalos, toda la presión del sistema se concentra en el hilo más delgado: los talleres.
La pelea de fondo:
Sin modificar la estructura de costos no hay salida ni para los talleres a domicilio, ni para las cooperativas que trabajan a fazòn. Tampoco mejoraràn las condiciones de los costureros que trabajan en las fàbricas en blanco que al estar rodeados de talleres clandestinos, deben resignarse a ganar lo mìnimo del convenio para conservar el trabajo. La modificaciòn de esa estructura implica solo en la Capital Federal, una transferencia mensual de 18 millones de pesos mensuales desde los fabricantes a los talleres sin aumentar los precios finales de las prendas. Esa suma es la que tendrìan que resignar las grandes marcas de sus ganancias para que los talleres pueden trabajar en blanco y bajo convenio. Obviamente las marcas no van a desprenderse graciosamente de esa suma sino se les impone mediante la fuerza. Y como vimos, el Estado no tiene ningùn interès en acorralar a las marcas para que dejen de robar y de condenar a los talleres a la precarizaciòn y esclavitud. Solamente mediante una intensa lucha de los costureros, que tendràn que hacer acuerdos tàcticos con aquellos talleristas que hayan comprendido el problema de los costos, se podrà ir arrinconando a las marcas y al Estado hasta obligarlos a readecuar la estructura de costos. Para ello serà necesario una gran campaña ante la opiniòn pùblica en que se se deje al descubierto còmo estàn robando las marcas y còmo estafan tanto a los consumidores, como a los costureros y al estado tal como ocurriò en los casos de las denuncias a Cheeky, Kosiuko, Soho o Puma. Marchas ante los juzgados, para que apliquen la ley de trabajo a domicilio y hagan responsables a las marcas por los talleres esclavos. A los organismos del Ministerio de Economìa, para que no miren para otro lado e investiguen los costos y la millonaria evasiòn impositiva. A los shoopings, para alertar a los consumidores que son vìctimas de estafas. Simultàneamente se debe avanzar en la organizaciòn de los costureros de las fàbricas registradas para elegir delegados y luchar por los derechos del convenio, para comenzar a organizar la recuperaciòn del SOIVA cuya direcciòn està completamente ausente de la defensa de los costureros. La pelea de fondo recièn comienza. Atacar a los efectos colaterales es importante, pero de ningùn modo suficiente para mejorar las condiciones de vida de los costureros y barrer de la Argentina el trabajo esclavo en la industria de la indumentaria.
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